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El tema de la jornada escolar en España me parece preocupante.
Porque en esta última década, mientras numerosos centros han ido adoptando la jornada escolar continua confiando en los consejos de los docentes que recomiendan el horario matinal para mejorar el rendimiento de los alumnos, los malos resultados académicos y el fracaso escolar no cesan de aumentar: se está generalizando la implantación de un horario escolar que no está demostrando ni su eficacia ni la mejora de la educación en este país.
Porque cuando un centro educativo propone a las familias implantar la jornada escolar continua, se está obviando el hecho que al mismo tiempo, la Administración está delegando en las familias la competencia y la responsabilidad de decidir la jornada laboral del profesorado, ya que la jornada escolar de los alumnos y la jornada laboral de los docentes coinciden. En estas circunstancias, cada año, la legislación obliga a muchos padres a enfrentarse innecesariamente al profesorado para defender los intereses de sus hijos, porque los docentes y sus sindicatos reivindican la jornada laboral continua, mientras la mayoría de los padres prefieren la jornada partida para la educación de sus hijos: esta situación produce numerosos conflictos y la degradación de las relaciones entre las familias y las escuelas.
Porque el proceso de modificación de la jornada continua tiene graves deficiencias democráticas, comenzando por el control de todo el proceso de modificación de la jornada escolar por parte de los docentes, lo que les permite ser a la vez juez y parte interesada.
Porque en el año 2000, el catedrático de sociología Mariano Fernández Enguita y un equipo de investigadores elaboraron un estudio sobre la jornada continua en el cual advertían de los problemas y de las consecuencias de la implantación de este horario y que tristemente, casi una década más tarde, este estudio sigue siendo de la más rigurosa actualidad.
El tema de la jornada escolar en España me parece preocupante.
Porque en esta última década, mientras numerosos centros han ido adoptando la jornada escolar continua confiando en los consejos de los docentes que recomiendan el horario matinal para mejorar el rendimiento de los alumnos, los malos resultados académicos y el fracaso escolar no cesan de aumentar: se está generalizando la implantación de un horario escolar que no está demostrando ni su eficacia ni la mejora de la educación en este país.
Porque cuando un centro educativo propone a las familias implantar la jornada escolar continua, se está obviando el hecho que al mismo tiempo, la Administración está delegando en las familias la competencia y la responsabilidad de decidir la jornada laboral del profesorado, ya que la jornada escolar de los alumnos y la jornada laboral de los docentes coinciden. En estas circunstancias, cada año, la legislación obliga a muchos padres a enfrentarse innecesariamente al profesorado para defender los intereses de sus hijos, porque los docentes y sus sindicatos reivindican la jornada laboral continua, mientras la mayoría de los padres prefieren la jornada partida para la educación de sus hijos: esta situación produce numerosos conflictos y la degradación de las relaciones entre las familias y las escuelas.
Porque el proceso de modificación de la jornada continua tiene graves deficiencias democráticas, comenzando por el control de todo el proceso de modificación de la jornada escolar por parte de los docentes, lo que les permite ser a la vez juez y parte interesada.
Porque en el año 2000, el catedrático de sociología Mariano Fernández Enguita y un equipo de investigadores elaboraron un estudio sobre la jornada continua en el cual advertían de los problemas y de las consecuencias de la implantación de este horario y que tristemente, casi una década más tarde, este estudio sigue siendo de la más rigurosa actualidad.
Recientemente, Fernández Enguita escribió en su página web :
“… los profesores deciden imponerla y pasan por encima de los cadáveres de alumnos y padres para lograrlo, lo cual se traduce en engaños, abusos, atropellos, fraudes de ley y otros despropósitos a los que los padres no pueden hacer frente, porque no saben y porque temen -mucho y, a menudo, justificadamente- las represalias sobre sus hijos …”
Si los padres no pueden defender los intereses de sus hijos y si en estos últimos diez años la Administración no ha tomado medidas efectivas para resolver esta situación, ¿quién defiende los derechos y los intereses de los niños?
Si los padres no pueden defender los intereses de sus hijos y si en estos últimos diez años la Administración no ha tomado medidas efectivas para resolver esta situación, ¿quién defiende los derechos y los intereses de los niños?
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Mail enviado por F. S.
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