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Los centros educativos de nuestro país tienen autonomía para modificar el horario escolar e implantar la jornada continua siempre que la mayoría de la comunidad educativa así lo desea. La Administración delega en los docentes la gestión de todo el proceso de evaluación de la modificación horaria y la consulta a las familias, cuyo apoyo mayoritario es indispensable. Este sistema pretende ser democrático, pero no instituye mecanismos para prevenir un posible conflicto de interés.
Los centros educativos de nuestro país tienen autonomía para modificar el horario escolar e implantar la jornada continua siempre que la mayoría de la comunidad educativa así lo desea. La Administración delega en los docentes la gestión de todo el proceso de evaluación de la modificación horaria y la consulta a las familias, cuyo apoyo mayoritario es indispensable. Este sistema pretende ser democrático, pero no instituye mecanismos para prevenir un posible conflicto de interés.
El conflicto es el siguiente: la implantación de la jornada escolar continua para los alumnos implica una mejora del horario laboral de los docentes, es una reivindicación legitima de sus sindicatos.
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Consecuentemente, esta gestión plantea las siguientes preguntas:
- ¿Son objetivos los proyectos de jornada continua que los docentes presentan a las familias?
- ¿Son imparciales los testimonios que intervienen en las reuniones informativas?
- ¿Son equitativos los debates sobre la jornada escolar en los centros?
- ¿Es transparente la consulta que los docentes realizan para conocer la opinión de las familias y justificar la implantación de la jornada continua?
El problema de este conflicto de interés es que podría:
- provocar una situación de inequidad, mejorando las condiciones laborales de los docentes en detrimento de la educación de los alumnos,
- menoscabar la confianza de la sociedad respecto a los profesionales de la educación,
- infligir un injusto perjuicio moral a los docentes honestos cuya integridad puede ser puesta en duda por la existencia de esta situación de conflicto de interés que no ha provocado.
Mientras la implantación de la jornada continua siga dependiendo de la decisión de las familias, sería conveniente realizar un estudio y elaborar recomendaciones tendientes a aumentar la transparencia de los procesos de evaluación y de consulta. Pero en el interés de los menores, la jornada escolar debería ser objeto de una regulación general a nivel nacional o a nivel autonómico.
Mail enviado por José Antonio C. (Madrid)
Mail enviado por José Antonio C. (Madrid)
7 comentarios:
Es el problema de la autonomía de centro y de la decisión consensuada: teóricamente las decisiones son democráticas, pero en realidad las familias detectan muchas anomalías y los docentes consiguen imponer la jornada continua porque parece que nadie controla el proceso.
Si fuéramos un país cuyos alumnos obtienen excelentes resultados académicos, esta situación no sería muy preocupante, pero somos uno de los países con la mayor tasa de abandono escolar.
El proyecto no es objetivo porque las supuestas mejoras para los niños y sus familias no son ciertas: el rendimiento escolar no aumenta con la jornada continua (lo dicen los expertos), la mayoría de las familias trabajan por la tarde y no se pueden conciliar la vida familiar y laboral, no hay actividades gratuitas por la tarde…
Hay un evidente conflicto de intereses, basta con leer los comentarios publicados por los docentes en Canarias7.
La legislación deja demasiada libertad a los docentes para hacer lo que quieren en las escuelas y no protege suficientemente los intereses de los alumnos.
En nuestro colegio no hubo ningún debate sobre la jornada escolar, sólo una reunión informativa organizada por los maestros que intentaron persuadirnos que la jornada continua es mejor para los niños.
Unas madres intentaron explicar que para ellas la jornada continua tenía desventajas pero inmediatamente los maestros se disgustaron y poco a poco el tono subió hasta provocar el enfado de uno de ellos: habían trabajado mucho para elaborar le proyecto y no aceptaban que se cuestionaran sus conclusiones.
Ante la imposibilidad de dialogar, las madres no insistieron.
Nuestra educación necesita cambios (las cifras de abandono escolar demuestran que no funciona) y uno de ellos es la modificación del sistema de toma de decisiones en las escuelas.
Además de un conflicto de interés, hay otro problema: los consejos escolares tampoco son democráticos: en nuestro caso 3 representantes de madres y padres son docentes en otros centros.
Y mientras los docentes conocen perfectamente el funcionamiento del consejo escolar y tienen sindicatos para asesorarles, nadie asesora a los representantes de madres y padres para conocer y defender los derechos de las familias y de los alumnos; sólo pueden acudir a los SSTT de Educación para solicitar información, pero nadie les dará consejos ni asesoramiento.
Muy cierto. Las normativas se deberían revisar y la decisión de la jornada laboral del profesorado no debería depender de la decisión de las familias.
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